La Supresión De Tasas Judiciales Aumentó Las Demandas Individuales A La Banca.

La supresión de tasas judiciales aumentó las demandas individuales a la Banca.

Tras la derogación de la Ley de Tasas, a través del Real Decreto-Ley 1/2015, en vigor desde marzo de 2015, las personas físicas quedaron así exentas del pago de las tasas judiciales en todas las instancias.

Enlace a Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Sin embargo, las PyME sí tenían que pagar ese tributo y fue en 2016 cuando algunas tasas judiciales aplicadas a determinadas entidades se declararon inconstitucionales. Actualmente han sido eliminadas casi todas las tasas aprobadas en 2012, salvo unas cuantas que atañen a personas jurídicas.

La derogación de 2015 se trataba de una modificación a la Ley 10/2012. En el primer año del Gobierno de Mariano Rajoy se reguló un importe de tasas muy gravosas para acceder a la tutela judicial, toda vez que se quisieran defender derechos conculcados ya sea por parte de la Administración, de particulares y de otras entidades, como las financieras.

EFECTO INMEDIATO

En ese último contexto, la buena noticia en 2015 y otras ventajas procesales favorecieron en aquella etapa que los ciudadanos pudieran ejercitar por ejemplo la reclamación de las indemnizaciones por las acciones de la OPS de Bankia.

A fin de dar una solución satisfactoria, los despachos de abogados expertos en derecho bancario se replantearon en aquel tiempo sustituir la vía civil colectiva por la presentación de demandas individuales. Éstas se fueron interponiendo a favor de aquellos clientes que adquirieron acciones en la salida a bolsa de Bankia.

Mediante dichas demandas se solicitaron acciones individuales de nulidad por vicios del consentimiento, algo que fue siendo cada vez más viable según los informes recabados en las Diligencias Previas 59/2012 (seguidas en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional) con muchos afectados personados, así como por las entonces resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia.

Además se reclamó en cada pleito la responsabilidad subsidiaria objetiva de Bankia por la falsedad contenida en el folleto de emisión de las acciones.

Sin embargo, el informe del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyó en su momento que las cuentas de Bankia “reflejaron su imagen fiel”, al contrario de las dos pericias judiciales del Banco de España sobre que los estados contables no indicaban la verdadera situación de la entidad.

Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisó la auditoría de Bankia cuando se estrenó en Bolsa y calificó su folleto informativo de transparente. Y es que dadas las condiciones de mercado, el precio de la acción fue correcto para la CNMV.

Eso explicaría que (años después de que Bankia reformulara sus cuentas de 2011 y presentara otras en 2012 en las que aparecía su situación real con pérdidas de millones de euros) en 2015 la entidad no decidiera todavía negociar con los afectados por la OPS de acciones.

El motivo fue que su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), a través del Estado –su accionista mayoritario, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria- tenía previsto un buen respaldo, disponer de unos 700 millones de euros para hacer frente a las posibles demandas por su salida a Bolsa.

Por otro lado, dado que en 2015 las personas físicas no tenían obligación de pagar tasas judiciales y que los Tribunales iban dando resoluciones favorables a interponer demandas individuales y no colectivas, los abogados expertos en derecho bancario empezaron a presentar un modelo de demanda civil individual adaptable a cada caso concreto.

De eso modo, los plazos de prescripción de reclamación a Bankia se fueron interrumpiendo con las demandas individuales y los burofax enviados a este banco antes de mayo de 2015, que incluían las listas de los interesados en demandar. A falta de acuerdo extrajudicial, se aportaron en esos procedimientos los historiales de productos bancarios de cada cliente.

Finalmente  el Tribunal Supremo en febrero de 2016 declaró la nulidad de las órdenes de compras de acciones realizadas en julio de 2011.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-anulacion-de-la-adquisicion-de-acciones-de-Bankia-en-su-salida-a-Bolsa

Esta sentencia entrañaba compaginar la acción indemnizatoria según la legislación del Mercado de Valores y la acción de anulación por error en el consentimiento, lo que acarreó a Bankia tener que devolver la inversión a esos accionistas minoristas.

LEYES EN TRAMITACIÓN

En mayo de 2018 se presentó otra Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, en la misma línea de lo acordado en 2015 sobre las exenciones de esos gravámenes judiciales, ampliando los supuestos a entidades sin fines lucrativos y a pequeñas y medianas empresas, además de mantener el copago en la Justicia para las grandes empresas, según la legislación del Impuesto de Sociedades.