Periplo De Los Accionistas De Bankia De La OPS De 2011.

Periplo de los accionistas de Bankia de la OPS de 2011.

Al margen del drama humano de muchos inversores que perdieron todo o gran parte de sus ahorros, los casos de decenas de miles de afectados fueron consecuencia de una de las crónicas financieras más negras e importantes de España, así como de una de las de mayor escándalo periodístico y político de los últimos años.

Seguir tal retrospectiva hasta julio de 2011 supone remontarse al día en que 400.000 accionistas minoristas compraron las primeras acciones de Bankia cuando –este banco producto de la fusión de siete cajas de ahorros españolas- salió a Bolsa.

Cabría narrarse así todo itinerario posible de negro sobre blanco. De los consumidores como usuarios bancarios estafados, de las agencias de calificación, del IBEX 35 a toda columna, de páginas de sociedad o de sucesos (incluso al más puro estilo de Truman Capote).

No se puede obviar que de los miles de fallecidos por suicido en ese período de tiempo, muchos lo fueron por causa de la crisis económica. Uno de los sucesos a finales del verano de 2013, fue el de una mujer minusválida en Málaga. La Prensa lo ocultó pese a haber sido una muerte presenciada en la calle por más de un centenar de personas. El silencio mediático de las muertes por suicidio está concebido para épocas de “estabilidad económica” pero no en años de descontento social.

Y es que a los diez meses del estreno bursátil de Bankia, su quiebra en 2012 marcó un punto de inflexión, un antes y un después que sin duda no olvidaremos, pues habría podido contribuir al colapso económico del país y al posterior rescate financiero de la banca española por parte del Banco Central Europeo, capitalización –por cierto- ya programada desde junio de ese mismo año.

Sin embargo, el Gobierno español fue dando largas a que nuestro país acabara siendo intervenido, posponiendo pedir el rescate durante meses. Finalmente, la solución política pasaba por socializar las pérdidas, así que la nacionalización de Bankia salió del bolsillo de todos los contribuyentes. 

La ayuda a tal entidad bancaria también se obtuvo del capital invertido por clientes en participaciones y acciones de estas cajas de ahorros.

Primero mediante la quita de un porcentaje en los depósitos de las preferentes de esos pequeños ahorradores, y en 2013 a través de otra quita que para los primeros accionistas supuso el 99 por ciento de toda la compra en la OPS de acciones de 2011, un contra split que redujo sus títulos de cada cien a uno. Ambos mecanismos fueron ordenados desde el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

No en vano la percepción de la calle fue que aparentemente así se evitó –en parte- el rescate de Europa a España, además de por haberse invertido también en 2013 reservas de la Seguridad Social en Deuda Soberana, el 90% de lo guardado en fondos de jubilación, unos 65.000 millones de euros.

Por contrapartida, el hecho de que ya fuera un banco nacionalizado hizo albergar esperanzas sobre que el dinero del rescate –de todos los españoles a Bankia- revirtiera tarde o temprano en los afectados.

Por ejemplo en no tener que acudir a los tribunales para recuperar sus inversiones, basadas en una información financiera falsa de la entidad. Craso error fue en aquel momento haber esperado recobrar todo ese dinero sin intervención judicial.

Algo que sólo podía entenderse mientras no llegara un cambio de tendencia, porque –aunque algunas sentencias estimaron ya las demandas colectivas- los despachos de abogados todavía no conseguían recabar suficientes accionistas interesados, por lo que solían recomendar demandas individuales a quienes les consultaban, en algunos casos resultando más gravosas que las propias cuantías a reclamar.

Además en 2013 aún no se había dado la ocasión de poder probar el dolo civil en el proceso  penal contra Bankia, por aquel entonces la acción de nulidad era inviable, según foros de abogados. Meses después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió una nueva vía al resolver que sí era posible solicitar tal nulidad.

Así que a partir de 2014, a los tres años de la indebida o “fallida” salida a bolsa, los accionistas fueron dando algunos pasos. La mayoría contrató los servicios de los despachos de abogados que más se anunciaban e invertían en marketing…

Bankia fue respondiendo a lo largo de ese año con intención de examinar caso a caso en los listados de clientes afectados. Los abogados sobreentendieron que el interés del banco era negociar aplicando un porcentaje de quita a cada cliente.

Una oferta hecha a tiempo a esos accionistas hubiera evitado la siguiente acción colectiva de muchos de ellos (que produjo un extraordinario efecto llamada) cuyo planteamiento fue reclamar a Bankia en un procedimiento civil por publicidad engañosa en su folleto informativo. Lo que significaba no haber dado información adecuada tanto de la solvencia como en la compra venta y el valor real de las acciones.

Obviamente, y sin saber qué propuestas podría haber llegado a hacer Bankia, la mejor opción en aquellos meses fue la demanda civil colectiva, que aquellos clientes en calidad de perjudicados quedaran personados como parte de la acusación (particular y popular) en el procedimiento penal seguido en la Audiencia Nacional.

A tal fin, los accionistas pasaron por la calle Prim de Madrid (uno de los edificios de la AN antes de la reunificación de sedes) para unirse a la querella contra Bankia y su matriz BFA, por los delitos de asociación ilícita, apropiación indebida, administración desleal, así como por falseamiento de cuentas en documento mercantil y de la información económico financiera.

JUSTICIA GRATUITA

A pesar de las altas tasas judiciales (no derogadas hasta 2015), muchos de esos afectados descartaron recurrir a la Justicia gratuita, luego de comprobar los casos en los que sorprendentemente ésta se denegaba a pequeños ahorradores pensionistas.

Concretamente se estuvo denegando Justicia gratuita para reclamar la nulidad de la compra de participaciones preferentes y de acciones de BANKIA en la Oferta Pública de Suscripción de 2011, al contabilizarse el importe de las mismas como parte del patrimonio del solicitante.

La compensación vino por parte de aquellos magistrados que estimaron las impugnaciones contra esas resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de cada Comunidad Autónoma, toda vez que los jueces reconocieron que el contrasplit hizo irrecuperables las inversiones de esos accionistas así como que las condiciones de las preferentes impedían retirar libremente las cantidades aportadas antes de su conversión en acciones.

Dado que precisamente la intención de los solicitantes era conseguir la nulidad de esos contratos, ambos productos bancarios no deberían haberse considerado como signos externos de capacidad económica de los titulares si además invirtieron en dichos valores financieros la totalidad de sus ahorros.

Tales denegaciones de justicia gratuita resultaron todavía aun más paradójicas, aunque sin tanta notoriedad periodística, en los casos de suscripción de acciones de la OPV de 2011, en tanto que el split a la inversa –aplicado semanas antes del obligado canje de las participaciones preferentes en acciones- no afectó de igual manera a estos dos activos financieros.

En cambio perjudicó principalmente a los primeros accionistas minoritarios, y es que tras el contrasplit de 2013, de cada 6.000 euros colocados en la salida a bolsa de Bankia, veinte meses después y resultado de una quita de 1.584 acciones, se convirtieron en 16 títulos.

De forma que la liquidez de toda inversión de 6.000 euros hecha en julio de 2011 pasó a valer menos de 20,00 euros en enero de 2014.

En cuanto al proceso penal contra la antigua cúpula directiva de Bankia –por delitos de estafa, alteración del precio, simulación de contrato, etcétera- reclamar la responsabilidad civil por la comisión de estos delitos suponía un resarcimiento económico para los afectados.

Esa indemnización equivaldría a la diferencia entre el precio al que salieron las acciones (3,75 €) y el precio al que deberían haber salido (aproximadamente de entre 0,77 € y 0,90 €), multiplicado por el número de acciones.

Puesto que el procedimiento se encontraba en aquella época en fase de instrucción, todavía podían personarse en el mismo aquellos interesados que quisieran reclamar la indemnización. Una vez cerrada la fase de investigación y abierta la de juicio oral, ya no pudo añadirse ningún afectado más para recuperar la inversión.

A la vista de la investigación abierta, del auto del juez Andreu y del informe de Fiscalía Anticorrupción, ya entonces se barajaban altas probabilidades de una sentencia condenatoria a Bankia. En caso de fallo absolutorio, las costas del procedimiento no las habrían abonado los clientes sino el grupo del partido político UPyD, plataforma que promovió la querella, ya que los afectados sólo figuraban en calidad de perjudicados.

Cabía juzgarse en dos procedimientos posibles: Causa penal en la Audiencia Nacional y causas civiles en Juzgados de Primera Instancia.

Una demanda colectiva por la vía civil ofrecía más garantías de llegar a recuperar la inversión. Y es que a través de los procesos civiles sí pudo reclamarse todo el importe invertido más daños y perjuicios.

A diferencia de lo establecido en el derecho procesal penal, en el civil se pudo pactar que muchos bufetes costearan los pagos (y no sus clientes) por las sentencias en favor del demandado que derivaron en condenas en costas para los afectados.

Únicamente al final de los procesos y mediante sentencias firmes tras conseguirse las devoluciones de esas inversiones, las firmas de abogados cobraron sus porcentajes de los capitales recuperados.

Por otro lado, los abogados de oficio aconsejaron recurrir las resoluciones que denegaban justicia gratuita, pues porque aunque los honorarios de los profesionales podían ser repercutidos al contrario, también tendrían que haberse abonado las tan temidas tasas en los supuestos de fijarse condenas en costas.

Sin embargo, no bastaba con presentar solicitudes del beneficio de Justicia Gratuita ante el Colegio de Abogados, porque aun siendo designados provisionalmente letrado y procurador, al cabo de dos meses, la Comisión de Asistencia de Justicia Gratuita de la Comunidad Autónoma podía denegar el reconocimiento de este beneficio.

La Comisión rechazaba solicitudes en virtud del artículo 4, refiriéndose a los signos externos de recursos económicos, aquellos rendimientos o dividendos generados por productos financieros.

Frente a tales resoluciones, la viabilidad de interponer impugnación consistía en demostrar los ingresos anuales, en alegar pagos de hipoteca o alquiler y otros garantes para recibir justicia gratuita. Transcurridos seis meses, los jueces iban citando en vistas orales a los solicitantes de esos escritos de impugnación y dictaron autos manteniendo o revocando las resoluciones impugnadas, sin posibilidad de más recursos.

Volviendo a las firmas de abogados de renombre y especializadas en derecho bancario, éstas representaron a varios miles de afectados en la Audiencia Nacional así como en las reclamaciones por la vía civil.

RECLAMAR LA NULIDAD DE LAS ACCIONES

Desde mayo de 2014, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era posible reclamar la nulidad de la compra de acciones de BANKIA en la OPS (Oferta Pública de Suscripción) de 2011.

Más del 20% del Banco eran accionistas minoritarios, aquellos que compraron en verano de 2011 y los que canjearon obligatoriamente en 2013 sus preferentes por acciones.

Desde su estreno en Bolsa, muchos de aquellos primeros accionistas no efectuaron ninguna operación, transacción ni especulación en sus cuentas de valores, en espera de que el banco fuera saneado y así poder recuperar con el paso del tiempo el capital invertido.

HISTÓRICO

Junio 2011: Las oficinas de las cajas de Bankia ampliaron su horario comercial abriendo sus oficinas en Madrid todas las tardes de lunes a viernes hasta que terminaron de colocar el elevado volumen de la emisión de acciones.

Sus comerciales ofertaban un descuento a los clientes por la compra de acciones, afirmaban que salían a un precio muy inferior a su valor real. Ofreciendo además un 7% de dividendos, rentabilidad esta sin competencia en los depósitos a plazo de cualquier entidad bancaria para el pequeño ahorrador.

La realidad fue que el valor de las acciones no era superior a su precio de salida, era prácticamente nulo.

Julio 2011: Bankia se estrena en bolsa con un precio por acción de 3,75 €. A los clientes que solicitaron en junio adquirir acciones, se las vendieron el 19 de julio sin el descuento.

Quienes en junio de 2011 solicitaron OPS de acciones por valor de 6.000 euros, cuando se estrenó en bolsa en julio, les concedieron 1.600 títulos a 3,75 euros la acción. Los comerciales habían asegurado verbalmente que quienes solicitaran OPS en junio se beneficiarían en exclusiva de un descuento en la compra de julio, primer engaño.

Seis meses después, a principios de 2012 estos minoristas podrían haber vendido sin apenas pérdidas, pero la recomendación del personal bancario era esperar para no perder los dividendos, ya se aseguraba entonces que hubo beneficios en 2011, segundo y tercer engaño.

Una carta de Rodrigo Rato (fechada 5/04/2012) afirmaba que se pagarían dividendos flexibles a los accionistas, último engaño. Semanas más tarde los medios publicaron el escándalo Bankia.

Mientras tanto, los accionistas primeros (de julio de 2011) cuando el banco se estrenó en bolsa –clientes a quienes se les ofreció colocar gran parte de los ahorros sin un límite de suscripción- esperaban el juicio pendiente con la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque nunca debió permitir su salida a bolsa.

Fue responsabilidad de los comerciales del banco por su mala práctica al rellenar los cuestionarios de idoneidad MIFID, marcando las casillas de riesgo y, aun así, haber vendido acciones a personas de perfil conservador que no pasaron esos tests de riesgo y, por tanto, a sabiendas de que eran productos no recomendados para estos clientes según los test.

Se trataba de una regulación europea de protección especialmente a los inversores minoristas ante su desconocimiento en productos financieros.

Actualmente es la normativa MiFID II, vigente en España desde enero de 2019. El Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre desarrolla el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

Sin embargo,  en julio de 2011 los intereses de los pequeños accionistas no fueron tutelados al permitirse que Bankia cotizara en bolsa, hecho que desde entonces ha ido menoscabando la credibilidad de los banqueros y políticos.

Tras la quiebra, quedó demostrado que cuando se estrenó en bolsa no era solvente pues había tenido pérdidas millonarias.

Asimismo, inversores institucionales que contaban con información privilegiada sobre la verdadera contabilidad, estos no acudieron a la OPS por lo que no hubo necesidad de prorrateo. En cambio los suscriptores –accionistas minoritarios en su mayoría- se vieron obligados a comprar el total de las acciones pedidas, y es que se habían solicitado más de las que se deseaban ante el falso reclamo comercial de que habría una elevada demanda.

A partir de diciembre de 2013 Bankia volvió a cotizar nuevamente en el IBEX 35. Durante el último semestre de ese año fue el punto de mira de inversores institucionales extranjeros que, interesados en formar parte del accionariado de un banco nacionalizado, duplicaron su porcentaje en la adquisición de títulos.

Además la entidad empezó a sanearse, al parecer desde su rescate (en 2012) fue obteniendo beneficios en paralelo a la re-capitalización de los 23.500 millones de euros inyectados por el Estado. Según algunos analistas, iba camino de convertirse en el mejor banco de España, ocupaba ya el cuarto puesto.

El 28 de febrero de 2014 en la privatización parcial del 7,5% ordenada por el Gobierno, la demanda de 2.500 millones de euros duplicó la oferta. Con las inversiones británicas y americanas, el FROB recuperó parte de los millones inyectados en la nacionalización. Además la colocación de esas acciones generó unas plusvalías frente a lo que el Estado pagó por cada acción cuando su rescate.

LA COMERCIALIZACIÓN DEL FALSO VALOR PATRIMONIAL DE BANKIA

Volviendo al año 2011, para captar ampliación de capital cuando salió a bolsa, se ocultaron y falsearon las cuentas de Bankia asegurando contar con 300 millones de euros en beneficios. El folleto informativo –sometido a la aprobación de la CNMV- describía una entidad solvente y con beneficios a 31 de Marzo de 2011, cuando ya arrastraba pérdidas. De esa operativa se calcularon 300.000 afectados en toda España.

La entidad reformuló sus cuentas de 2011 y presentó otras el 4 de mayo de 2012, en las que aparecía la situación real de la entidad con perdidas de millones de euros. Un día después Rodrigo Rato presentó su dimisión.

Hubo vicio en el consentimiento de los accionistas, al haber comprado acciones bajo la creencia de que era una entidad solvente pues Bankia presentó un folleto con beneficios de 300 millones de euros. Diez meses después, esta sociedad presentó esas cuentas mostrando unas pérdidas de 3.000 millones de euros.

Los vicios del consentimiento fueron más viables de defender en personas sin conocimientos financieros que en aquellas con formación suficiente.

En la OPV se fijó el valor nominal de la acción en 2 euros. Se diferenció así su cotización de mercado con respecto a su valor en el contrato.

El visto bueno de la CNMV y una fuerte campaña publicitaria promovieron la compra masiva de acciones. Condicionó en gran medida a los consumidores y pequeños ahorradores (de Bancaja, Caja Madrid y del resto de cajas) a solicitarlas. ¿Acaso también debido a la confianza que depositaron los clientes en los empleados, hubo dolo civil o mala fe por parte de la entidad a través de sus comerciales?

Ciertamente, el folleto informaba de todos los riesgos a posteriori de la salida a bolsa pero no bajo qué precedentes desfavorables comenzó a cotizar. Ello implicó otro argumento en el vicio del consentimiento, además de ser clientes minoristas sin conocimientos financieros y de no haber contratado nunca productos de riesgo.

El mes de junio de 2011, el personal de la entidad vendió a los clientes que la inversión en bolsa proporcionaría un alto rendimiento a los accionistas de Bankia. Según Rodrigo Rato, el porcentaje de capital destinado a dividendos (pay-out) sería un mínimo del 40%.

Hasta en 15.000 oficinas bancarias de todo el país estuvieron los empleados trabajando en esta operación a cambio de cuantiosas comisiones por colocación y aseguramiento del tramo minorista. Se trataba de recapitalizar la entidad y de obtener pluses por los contratos firmados.

Con los mandatos de compra previeron captar de 3.000 a 4.000 millones de euros entre inversores particulares y cualificados, y fueron alrededor de 2.000 millones de euros destinados a pequeños inversores.

Gracias a la campaña de publicidad de la OPV con el anuncio “Hazte Bankero” y al mensaje sobre que su estreno bursátil se haría con un descuento en los títulos entorno al 50% de su valor en libros, de 13.276 millones. El rango inicial de las acciones se movió entre los 4,41 y los 5,05 euros. El valor de Bankia que captó en la Oferta fijó la capitalización final entre 7.600 y 8.700 millones de euros.

Durante los primeros meses de 2012, los comerciales consiguieron evitar la espantada de los accionistas insistiendo en que solamente aquellos que conservasen los títulos, recibirían dividendos de los beneficios de 2011, eso sí, sin precisar en qué fecha ni el porcentaje.

En 2012 la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M, e imputó al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato. “Si los accionistas hubieran conocido las pérdidas, no habrían metido su dinero”, señaló el abogado.

Cabía interponer paralelamente a la acción penal, una demanda civil de reclamación de responsabilidad por la emisión del folleto.

Se tuvo en cuenta el vicio o error en el consentimiento, dado por clientes de perfil conservador (ahorradores de depósitos tradicionales sin riesgo) y que según los tests de conveniencia negativos, carecían de formación y conocimientos financieros.

Fue anecdótico que en muchas oficinas de la entidad hubiera dejado de constar en sus archivos la carta de Rodrigo Rato (fechada en abril de 2012) dirigida a todos los accionistas asegurando dividendos flexibles.

Por otro lado, aunque la entidad mandó notificaciones a los clientes sobre el split a la inversa hecho efectivo en abril de 2013, por esas fechas algunos empleados de oficinas omitían explicar qué implicaba y lo justificaban como una forma de reducir exceso de papel para un mejor manejo de cada cuenta de valores, de todas las acciones suscritas en la OPS de 2011 tras el contrasplit en 2013.

Y es que en abril de 2013 agruparon las acciones de 100 a una para que el valor tuviera liquidez y se cotizara en Bolsa con normalidad, de tal forma que de cada 6.000 euros invertidos (1.600 títulos) en julio de 2011, veinte meses después quedaron sobre papel los euros correspondientes a 16 títulos.

PROCEDIMIENTOS

Desde finales de 2013 los juzgados condenaron a Bankia a devolver el dinero invertido en acciones de la OPV de 2011 “por su mala comercialización engañando con el precio de las acciones y con una gran demanda inexistente, así como por no haber informado además de la situación real de Bankia ni de su solvencia”.

Según los fallos judiciales, se produjo un error en el consentimiento de los demandantes que llevó a declarar la nulidad de las órdenes de suscripción (compra venta) de las acciones.

En cuanto al Procedimiento de Diligencias previas Nº 59/2012 en el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, los inversores perjudicados (por la fraudulenta salida a bolsa de Bankia) pudieron adherirse al proceso penal abierto en el que estaban imputados los miembros del Consejo de Administración y algunos de los ex directivos de Bankia y su matriz BFA.

Las últimas diligencias siguieron la directriz marcada por el juez Fernando Andreu de no eternizar el proceso sin necesidad, denegando sistemáticamente imputaciones que desviaban el objetivo de la investigación.

Consultar también:

http://www.europapress.es/nacional/noticia-15m-rato-anima-demandar-civilmente-salida-bolsa-rescate-revierta-afectados-20141029201534.html

http://www.fronterad.com/index.php?q=bankia-ahorros-suenos-rotos-y-cronica-negra