Los Inquilinos Ya No Están Obligados A Liquidar El ITP.

Los inquilinos ya no están obligados a liquidar el ITP.

El  pasado 18 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, por el que a partir de entonces quedan libres de tributación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales los alquileres de vivienda.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/14/21/con

El nuevo apartado 26 en el artículo 45.I.B) de la Ley de ITP y AJD establece que están exentos Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos”.

A partir de entonces los contratos de alquiler se regirán por lo establecido en el real decreto-ley vigente, de igual modo los contratos anteriores si lo acuerdan ambas partes.

En esta nueva normativa se decreta el descargo fiscal en arrendamientos concretos de vivienda.

En virtud del texto refundido de la Ley ITP y AJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos), ningún inquilino en España deberá pagar el ITP en el contrato de un alquiler.

Hace unos meses, la mayoría de los arrendatarios era ajena a la anterior regulación sobre esa recaudación de cuantía insignificante, así como tampoco tenía conocimiento de su escasa inspección o reclamación por parte de las agencias  tributarias autonómicas.

Sin embargo, ahora en 2019 cabe plantearse si con ese real decreto-ley y los siguientes en vigor, ¿ha prescrito verdaderamente el periodo fijado de 4 años y un mes mediante el cual, según la anterior normativa a la de diciembre de 2018, Hacienda podía y acaso todavía pueda reclamar el pago de ese impuesto con penalización e intereses de demora?

Hasta diciembre de 2018 el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales gravaba también los arrendamientos.

Los inquilinos debían abonarlo en pago único y en un plazo máximo de 30 días hábiles tras la firma del contrato de alquiler. Hacienda estuvo exigiendo masivamente –dos años antes- el pago de este impuesto a quienes costeaban un alquiler en la Comunidad de Madrid, incluso de forma retroactiva para los cuatro años anteriores.

Y es que el ITP no sólo estaba relacionado con la compra de una casa -según el RD 1/1993- sino con los arrendamientos al tratarse también de Transmisiones Patrimoniales, o sea adquisiciones onerosas –no gratuitas- mediante las cuales los arrendatarios obtienen un derecho de uso, por tanto recae en los inquilinos la obligación de pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Eso significaba que el uso y disfrute de una vivienda a cambio de la cuota de alquiler era una “transmisión onerosa” sujeta al Impuesto según establecía el artículo 7 del hecho gravable, Real Decreto-ley de 1993 que aprobó el texto refundido de la LITP y AJD, y que otorgaba a los arrendamientos carácter de transmisión patrimonial e implicaba tener que cobrar un impuesto por ellos.

En realidad, se trataba de un tributo estatal sobre el alquiler cedido a las comunidades autónomas para que lo aplicaran a su criterio ya desde principios de los años noventa.

La carga fiscal sobre inmueble alquilado y utilizado como vivienda correspondía a la persona física. El resto de alquileres, locales o viviendas habilitadas como oficinas, estaban y continúan sujetos a IVA.

El impago del ITP por alquiler se consideraba intención de defraudar al fisco.

Precisamente hace tres años, Madrid y otras Comunidades Autónomas estuvieron enviando propuestas de liquidación provisional de ITP a muchos inquilinos. Por entonces, el incumplimiento de esa exigencia administrativa podía devengar intereses de demora y una sanción mínima del 50% de la cuota no ingresada en plazo.

Por eso convenía presentar el correspondiente modelo 600 con antelación a las reclamaciones de la Agencia Tributaria.

En muchos casos este impuesto se aplicaba con carácter retroactivo, lo cual quiere decir que el inquilino debería haber satisfecho, no solo la cuantía del impuesto, sino también los importes debidos hasta cuatro años y un mes.

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Anteriormente el propietario pagaba si no lo hacía el inquilino.

Asunto ignorado por la inmensa mayoría. De ahí, la importancia para cualquier casero de haber ido revisando las veces que haya alquilado los últimos cuatro años, ya que era preceptivo que los propietarios pagaran el impuesto de cada año con su sanción e intereses de demora, toda vez que los inquilinos hubieran hecho caso omiso a las reclamaciones de la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid hasta transcurridos los 4 años.

Según el Ministerio de Fomento, sólo llegaban a pagar la tasa un reducido porcentaje de arrendatarios de un total de 400.000 pisos de alquiler disponibles en la Comunidad de Madrid.

La base imponible se calculaba según la renta mensual y la duración del contrato.

A esa cantidad se aplicaba la tarifa correspondiente de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, la tarifa establecida en la normativa a un contrato de alquiler de 3 años de duración con una renta mensual de 600 euros, el total a pagar por este impuesto sería de 86,40 euros.

La base para el cálculo era igual a la renta mensual multiplicada por el número total de meses del contrato según figura en la tabla de cada comunidad autónoma. En las autonomías que no se hubiera regulado, era de aplicación la tabla del artículo 12, apartado 1 de la Ley del Impuesto de Transmisiones patrimoniales.

Según el artículo 6.1 del Código Civil, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.